26 Abr LA REFORMA MINERA, UN SUICIDIO ECONÓMICO
Descarga el ANÁLISIS DE INICIATIVA DE MODIFICACIÓN A LA LEY MINERA
A pesar de que el peso se ha sostenido frente al dólar por meses, que hay una tendencia a la baja en manejo de la inflación, y con ello, puede presentar un escenario favorable para las inversiones, parece que algunos funcionarios han convencido a la presidencia de la república que mejor opte por el suicidio económico, al proponer y aprobar una reforma a la Ley Minera que pone en riesgo no solo a ese sector, sino a la economía nacional en general.
De acuerdo a los análisis, mantener la reforma en sus actuales términos pone en riesgo más de 417 mil empleos directos y hasta más de 2.5 millones de empleos indirectos, en donde se ofrecen salarios superiores al 37% al promedio nacional. Pero, además, está de por medio la calidad de vida y bienestar de 696 comunidades que dependen de la minería. En Sonora hemos visto el grave problema y enorme impacto cuando hay problemas del sector minero, como pasó en Cananea con una prolongada huelga de tres años o cuando la empresa minera de La Colorada suspendió producción por cuatro años.
Los legisladores que han aprobado estas reformas mineras, con la sospecha de no haber leído el texto, serán responsables del peligro en que ponen a la economía nacional, porque la minería es una de las 5 industrias que más aportan al PIB industrial. Además de ser el quinto generador de divisas. A esto hay que sumar que el gobierno renunciaría a ingresos fiscales, justo cuando más gastos tienen en sus programas sociales y obras monumentales cuyos costos se han disparado en forma alarmante.
De mantenerse la reforma sin hacer los ajustes adecuados, se podrían perder más de 70 mil millones de pesos por pagos de ISR y derechos especiales. Tan solo en últimos años, este sector que ahora se pretende borrar de la economía, ha aportado más de 300 mil millones de pesos a Hacienda.
Otra amenaza para concretar este suicidio económico es que ponen en riesgo una derrama económica cercana a los 270 mil millones de pesos anuales en sueldos, compras, servicios, impuestos, proveedurías, gestión de riesgos, además de inversiones en materia de medio ambiente y desarrollo social. Un sin número de programas sociales corren el riesgo de quedar suspendidos. Además, ante el temor de falta de seguridad legal, se pueden dejar de invertir nueve mil millones de dólares y se suspenderán más de 20 proyectos que están por arrancar operaciones.
Los diputados es evidente votaron al vapor, no escucharon ni aceptaron foros de discusión, posiblemente porque no tienen argumentos para sostener lo propuesto y aprobado y todo hace indicar que en el Senado van por el mismo camino.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) Distrito Sonora, están exigiendo a los senadores un parlamento abierto, y nos sumamos a esta petición, pero es muy posible que, al escribir y publicarse esta columna (martes 25 de abril), sea hecho consumado, por lo que la lucha deberá pasar del ámbito legislativo al ámbito legal.
Otro aspecto más grave fue que los funcionarios federales no respetaron acuerdos, ya que habían ofrecido parlamento abierto para discutir y revisar estas reformas y votarlas en septiembre. No fueron fieles a su palabra, lo que hace pensar que sus intenciones fueron siempre la de imponer una reforma que solo nos conduce al suicidio económico.
Se ha comprobado hasta el cansancio que no es generando más pobreza como se saca a una sociedad adelante, sino generando riqueza y esto es facultad del sector privado. El sector oficial vive de los impuestos, por lo mismo no genera riqueza que repartir. Reparte la ajena, la de los mexicanos.
Este suicidio económico que estamos presenciando debe sonar la voz de alerta, porque es obvio que no será lo único. Si esto prospera y se impone unas reformas por demás lesivas al sector minero sin que se midan consecuencias, pronto serán otros sectores los que se vean afectados bajo argumentos sin peso y solo sostenidos con cargas ideológicas.
No se puede jugar de esta manera con el bienestar de la población y no se puede pensar que podrán ofrecer las mismas dádivas sociales si no hay dinero. Como en los tiempos de Luis Echeverría, podemos volver a caer en los mismos errores, a falta de ingresos, poner a trabajar la máquina de hacer dinero hueco. El riesgo es muy grande como para no solidarse con el sector minero. Porque como fichas de dominó la concatenación o reacción en cadena, será inminente.
Si algo hemos hecho en INCIDE es poder identificar los diversos riesgos originados por “una buena intención”, en un modelo de gestión que hemos promovido anteriormente como el Cubo de la Resiliencia, tenemos que ver todas las caras y las aristas para poder brindar una solución conjunta y no sólo una que resuelva solo una cara, sin tomar en cuenta a las demás y el daño colateral que traerá esta decisión, será irreversible y como hace casi 100 años, la minería en Sonora volverá a ser el parteaguas de la historia de nuestro país.
Revista INCIDE Edición 173 – Vinculación Académica y Sector Productivo
Guillermo Moreno Ríos, Ingeniero civil, master en administración y en protección civil, académico universitario, empresario, comunicador, editor, especialista en seguros, gestión y transferencia financiera de riesgos, coordinador de la RED Profesional por los Derechos Humanos y fundador de Consejo INCIDE, A.C.
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