13 Nov Panorama de los Municipios en México en su desarrollo en la Gestión Integral de Riesgos

Es del conocimiento de los Municipios y Alcadías de la República Mexicana, que en cada unos de los órdenes de gobierno tiene obligaciones en materia de protección civil, y que su actuación debe ser subsidiaria, es decir, que primero debe actuar la autoridad local de primer contacto, la Municipal o Alcaldías, y que sólo cuando éstas sean rebasadas y no puedan responder,  podrá actuar la autoridad estatal o de la Ciudad de México, en su caso, y si  ésta fuera mayor a su capacidad de respuesta, actuaría la instancia federal. Esta definición funcional se define tanto en el aspecto material como en el financiero.

A pesar de que el desarrollo en el conocimiento científico y técnico sobre desastres se ha orientado a las tragedias que llaman la atención de los medios de comunicación, gobiernos, académicos y organizaciones humanitarias, el estudio de los casos menores es importante porque suceden con bastante periodicidad, se viven día a día en numerosas regiones del mundo y merman la vida de las personas que resultan afectadas (Mansilla, 1996:69); además, algunos de ellos son “avisos” o “señales” de devastaciones mayores, y ponerles atención abre la posibilidad de evitar mayores daños en el futuro. Por otra parte, el estudio de los casos menores permite observar la capacidad del municipio en algunas de sus funciones como la ordenación del territorio, la regulación de los asentamientos urbanos, la prevención y la atención de las emergencias derivadas de desastres -Ley General de Protección Civil-  (Toscano A. Universidad Autónoma Metropolitana; Departamento de Política y Cultura. Protección civil, población, vulnerabilidad y riesgo en Santiago Miltepec, Toluca).

Otro hecho incontrovertible, es que en una gran mayoría de municipios o alcaldias de regiones pequeñas o apartadas de las capitales de los estados, la visión de formación y preparación -con mínimos recursos- sigue enfocada mayormente a la atención de emergencias y no a la reducción de las vulnerabilidades y menos aún en la Gestión de Riesgos Preventiva o Prospectiva.

De los 2,459 municipios de México, 2050 (83.4%) tuvieron al menos una declaratoria de desastre por los fenómenos analizados entre 2000 y 2018..

En números absolutos, los estados con mayor cantidad de municipios mencionados en al menos una declaratoria de desastre son:

• Oaxaca (516)
• Puebla (188)
• Veracruz (172)

Dado que tienen más municipios que otras entidades federativas. En términos relativos, los estados del sur del país, del Golfo y de la costa del Pacífico, así como Coahuila, Durango y Nuevo León son los más afectados. En estos estados, más del 90% -y muchas veces la totalidad- de los municipios de hasta 50,000 habitantes, están mencionados en al menos una declaratoria de desastre.

Los estados con el mayor promedio de menciones de municipios de hasta 50,000 habitantes en las declaratorias de desastres analizadas son:

• Baja California Sur (15 menciones promedio por municipio)
• Veracruz (8.2)
• Nuevo León (7.1)
• Colima (6.2)
• Chiapas (4.8)
• Tabasco y Quintana Roo (4.7)
• Guerrero (4.2)
• Durango (4.1)

Siendo la media nacional 3.4 por estado. Estos estados están particularmente expuestos a los huracanes y a las lluvias extremas.

Como ejemplo, en el documento “Guía Metodológica Estrategia Municipal de Gestión Integral de Riesgos de Desastres”, en donde basados por medio de entrevistas a funcionarios de municipios de hasta 50,000 habitantes de 19 estados para tener un acercamiento de la realidad de la exposición a amenazas hidrometeorológicas y geológicas, de la aplicación de la reglamentación y de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD) a nivel local. De estas entrevistas resaltan los siguientes elementos (Gobierno de México; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Organización de las Naciones Unidas. Guía Metodológica Estrategia Municipal de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, noviembre 2019):

• Dispositivos de Protección Civil. El 50% de los municipios tiene entre 1 y 3 empleados en su Unidad de Protección Civil, mientras que solamente el 20% cuenta con más de 10 empleados. El 32% de los municipios integra una coordinación regional de Protección Civil y el 56% dispone de un Consejo o Comité Municipal de Protección Civil para anticipar y coordinar acciones en caso de un desastre.

• Identificación y gestión del riesgo. Solamente el 24% de los municipios cuenta  con un Programa Municipal de Desarrollo Urbano actualizado o en proceso de actualización, el 32% cuenta con un Atlas de Riesgo Municipal actualizado (12%) o en proceso de actualización (20%). Sólo el 16% de los municipios se dice en capacidad técnica de mapear los riesgos o las afectaciones después de un desastre.

• Tipologías de desastres. Los tipos de fenómenos naturales a los cuales están expuestos los municipios entrevistados son por orden de relevancia: inundaciones fluviales, fuertes lluvias, sismos, ciclones tropicales y deslizamientos. También se reportan incendios forestales y otros riesgos antropogénicos.

• Acciones preventivas. Todas las direcciones de protección civil han recibido capacitaciones por parte de las Coordinaciones Estatales de Protección Civil, pero solamente el 36% dispone de guías o manuales para saber cómo actuar frente a diferentes tipos de fenómenos perturbadores y desastres. El 40% de los municipios realiza simulacros y pláticas en escuelas y otros espacios (empresas, minas, sitios turísticos, etc.), y algunos capacitan a personal municipal (32%) o forman brigadas de manera preventiva (16%). Solamente 3 municipios entrevistados (12%) han realizado obras físicas para reducir el riesgo de inundaciones.

• Recuperación post-desastre. Los municipios que han sido afectados por desastres que superaron sus capacidades locales de respuesta mencionan  una fuerte dependencia de las decisiones y financiamiento estatal y federal, con poca disponibilidad de recursos y personal calificado para planear e implementar obras de reconstrucción.

• Dificultades para la GIRD. La mayoría de los funcionarios entrevistados (64%) menciona dificultades económicas y materiales para cumplir con una adecuada GIRD. El 24% también hace notar la dificultad de acceso y de comunicación con parte de las localidades del municipio en caso de desastre. La falta de continuidad entre las Administraciones municipales y de metodologías para consolidar la cultura de prevención de la ciudadanía son otras dificultades identificadas.

Basado en lo anteriormente expuesto, es fundamental el papel de los gobiernos municipales en materia de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, ya que son los que estàn en estrecha vinculación en temas como lo relaccionado con los usos del suelo, la planificación urbana, los reglamentos de construcción, la infraestructura y los servicios básicos, los diversos programas de protección civil y de contingencia, así como la preparación del personal municipal y de la población ante escenarios de desastres.

Parte fundamental de la problemática, la cual es similar a la mayoría de los municipios, son las  restricciones en el número de personas que conforman el organigrama de gestión integral de riesgos y protección civil, así como un enfoque más emergencísta que de prevención, previsión, por lo que en su caso se requiere integrar una nueva visión, a la que habitualmente lleva a cabo sus funciones. Sin los recursos humanos, materiales, técnicos y de integración de los que conforman las Unidades o Coordinaciones Municipales de Protección Civil, y con un perfil mínimo de grado académico, en donde no consideran actividades de identificación de peligros, estrategias, protocolos y procedimientos o políticas municipales en torno a la previsión, prevención, mitigación, preparación y sólo enfocándose al auxilio, estando sin las bases legales y de recursos (más aún se agravará con la desaparición del Fonden) y bajo la consideraciones o criterios políticos y de sometimiento a las determinaciones de las autoridades estatales y/o federales, así como un nulo acercamiento a instituciones de investigación, universidades, academia, investigadores, con una raquítica capacitación de sus integrantes, están muy lejos de lo que es la Gestión Integral de Riesgos, como para aspirar a temas de resiliencia.

El camino hacia la resiliencia frente a desastres, será para la mayoría de los municipios un camino muy largo, sino se plantean y ejecutan verdaderas políticas pública y una actualización de la Ley General de Protección Civil, (la Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, desde el 2018, se encuntra detenida en comisiones de la Cámara de Diputados), la cual provería de un marco regulatorios enfocado a la GIRD y al Marco de Sendai.

Es de todos conocido el aumento paulatino en los costos económicos y para el desarrollo de México como consecuencia de los desastres, en particular por el fenómeno del calentamiento global, que son cada vez más frecuentes e intensos, y que normalmente supera los tiempos de una Administración Municipal, por lo que se requerirá gestionar el marco jurídico para la obtención de apoyos de los Gobiernos estatales, de la comunidad y de actores sociales y privados, para proyectar y consolidar una Estrategia Municipal de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que no sólo esté en documentos, sino en la realidad para construir una visión de largo plazo de territorio resiliente y a mejorar los ocho pasos de la GIRD previstos por la Ley General de Protección Civil.

LUIS FAUSTINO MORA BRITO

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