CUENTAN NUESTROS VOTOS, ¿PERO CUENTAN CON NUESTRA CONFIANZA?

La confianza ciudadana es uno de los bienes más valiosos de una democracia y, paradójicamente, uno de los más fáciles de perder. Los recientes cuestionamientos sobre contrataciones de bienes y servicios electorales, tanto en el ámbito nacional como en Sonora, nos colocan frente a una pregunta inevitable: ¿cómo pedirle a la ciudadanía que confíe en sus instituciones cuando existen dudas sobre la transparencia de quienes tienen la responsabilidad de garantizar los procesos democráticos?

En Sonora, los señalamientos relacionados con empresas proveedoras de material electoral han provocado cuestionamientos sobre procedimientos de contratación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE). Su presidente, Nery Ruiz Arvizu, ha ofrecido explicaciones públicas, negado conflictos de interés y manifestado disposición para atender los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación. Reconocer estas respuestas es tan importante como exigir que los procedimientos, documentos y resultados de las revisiones sean accesibles, verificables y suficientemente claros para la sociedad.

No corresponde a la opinión pública sustituir a las autoridades investigadoras ni convertir sospechas en sentencias. Un señalamiento no demuestra culpabilidad, como tampoco una explicación institucional, por sí sola, necesariamente despeja todas las dudas. La presunción de inocencia, el debido proceso y la rendición de cuentas no son principios contradictorios: deben coexistir para proteger tanto los derechos de las personas como el interés público.

Desde el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (INCIDE) hemos promovido durante años la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones. En 2023 iniciamos espacios de colaboración con el IEE Sonora, formalizados mediante el acuerdo CG81/2023, aprobado el 1 de noviembre de ese año. Posteriormente impulsamos encuentros plurales con partidos políticos, actividades relacionadas con la elección judicial y ejercicios de participación juvenil. Nuestra trayectoria no pretende otorgarnos una autoridad superior a la de cualquier ciudadano, sino recordarnos una responsabilidad que asumimos públicamente: promover una democracia participativa, informada y confiable.

Precisamente por ello, guardar silencio ante cuestionamientos de interés público sería incongruente con los principios que hemos defendido. Colaborar con una institución no significa renunciar a cuestionarla; por el contrario, el diálogo adquiere verdadero valor cuando permite expresar desacuerdos con libertad, respeto y argumentos. La independencia de una organización ciudadana no se demuestra mediante la confrontación permanente ni con la complacencia institucional, sino con la congruencia de sus posiciones.

Hoy resulta indispensable que las autoridades electorales expliquen con precisión los criterios utilizados para contratar bienes y servicios, los mecanismos de competencia y adjudicación, las medidas para prevenir conflictos de interés y los resultados de las revisiones correspondientes. Cuando la ley permita reservar determinada información, también deberán explicarse sus fundamentos. La transparencia no debe limitarse a que existan documentos disponibles: debe permitir que cualquier ciudadano comprenda cómo y por qué se tomaron las decisiones.

Tampoco sería responsable utilizar estos cuestionamientos como instrumentos de confrontación partidista. La exigencia de transparencia debe mantenerse con independencia de quién formule la denuncia, quién ejerza la autoridad o quién pudiera resultar beneficiado o perjudicado políticamente. Si existen irregularidades, deben investigarse y sancionarse conforme a derecho; si los procedimientos fueron legales, también debe acreditarse y comunicarse con claridad. La justicia exige responsabilidades cuando corresponden, pero también exige deslindes cuando las acusaciones no se sostienen.

Me preocupa especialmente el mensaje que reciben las nuevas generaciones. Hemos invitado a jóvenes, empresarios y profesionistas a participar, informarse y reconocer en el voto una herramienta para construir mejores gobiernos. ¿Con qué autoridad moral podríamos pedirles confianza si nosotros mismos renunciáramos a formular preguntas legítimas? ¿Y qué futuro tendría nuestra democracia si cada controversia terminara alimentando el desencanto y la abstención?

La respuesta no puede ser abandonar las urnas ni desacreditar indiscriminadamente a las instituciones. Una democracia se debilita cuando sus autoridades evaden la rendición de cuentas, pero también cuando sus ciudadanos renuncian a participar. La desconfianza debe convertirse en vigilancia informada, no en indiferencia. Particularmente, los procedimientos para integrar los órganos electorales deben ofrecer convocatorias ampliamente difundidas, criterios objetivos de selección y garantías de capacidad, integridad e independencia.

Desde INCIDE reiteramos nuestra disposición al diálogo y nuestra confianza en el valor de las instituciones democráticas, sin confundir esa confianza con un respaldo incondicional a quienes temporalmente las encabezan. Daremos seguimiento a las explicaciones oficiales, a los resultados de las revisiones y a las determinaciones de las autoridades competentes, procurando informar con objetividad y reconocer tanto las responsabilidades acreditadas como los deslindes que procedan.
La democracia no se fortalece protegiendo a sus funcionarios del escrutinio, sino garantizando que sus instituciones puedan responder a él. Quienes ejercen responsabilidades públicas deben comprender que la legalidad es indispensable, pero la confianza también requiere transparencia, independencia y congruencia.

Porque nuestros votos cuentan para elegir autoridades, pero nuestras voces también deben contar para exigirles cuentas. Y si las instituciones necesitan nuestra confianza, tienen la responsabilidad de merecerla todos los días.